Domingo, 15 de Abril de 2012 10:25

Por el seguro de salud, la Corte Suprema puede darle un golpe artero a Obama

por  Mario Diament
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De los tres poderes de un sistema presidencial como el norteamericano, la Corte Suprema de Justicia es, sin duda, el más cuestionable.
A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, cuyos miembros son elegidos por el voto popular, los integrantes de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente y sujetos a la ratificación del Senado.
Una vez elegidos, los jueces permanecen en sus cargos de por vida, a menos que renuncien, se jubilen o sean removidos por medio de un juicio político.

Este procedimiento lleva inevitablemente a concluir que las designaciones están habitualmente guiadas por consideraciones políticas y que lo más natural es que un presidente trate de llenar las vacantes de este venerable cuerpo con jueces que le sean adictos. (Uno de los primeros actos de gobierno de Carlos Menem fue la decisión de ampliar la Corte Suprema de cinco a nueve miembros, con la evidente intención de que, llegado el momento, poder contar con una mayoría dominante.)
En la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la configuración no democrática del Tercer Poder ha sido balanceada muchas veces por el irreprochable carácter de algunos de sus integrantes, que no permitieron que sus simpatías políticas interfirieran con la objetividad de sus juicios. Pero, como es fácil de comprender, esta posibilidad es más una lotería que una constante.
La actual Corte Suprema consta de nueve miembros, cuatro conservadores (John Roberts, presidente; Antonin Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas), cuatro liberales (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y un conservador que en ocasiones vota con los liberales (Anthony Kennedy). Esto coloca a las decisiones que favorecen el punto de vista de los republicanos en ventaja de 5-4 sobre los demócratas, excepto en las contadas ocasiones en que el juez Kennedy, nombrado por Ronald Reagan en 1988, votó con los liberales.
En ningún momento la Constitución de los Estados Unidos autoriza expresamente el "control de constitucionalidad", un mecanismo jurídico por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de las leyes cuestionadas, y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a su invalidación.
Pero como escribe James McGregor Burns en su historia de la Corte Suprema, Packing the Court, fue "el brillante golpe político" del juez John Marshall, que la presidió entre 1801 y 1835, quien en 1803, en Marbury vs. Madison, logró dotar al tribunal máximo del poder de juzgar la conformidad de la ley con la Constitución.
Es esta prerrogativa de la Corte Suprema la que en estos momentos puede asestar a Barack Obama uno de los golpes más arteros.
La Corte Suprema está considerando en estos días la constitucionalidad de la Reforma del Seguro de Salud, bautizada popularmente ‘Obamacare‘, probablemente el mayor éxito político de la presente administración demócrata. Esta ley establece la obligatoriedad de los ciudadanos de obtener un seguro médico y la Corte fue convocada a determinar si esta obligatoriedad es, en efecto, constitucional.
Desde un comienzo, las preguntas de los jueces del ala conservadora, particularmente Alito y Scalia (Clarence Thomas nunca ha hablado en los debates, pero su posición es conocida) no disimularon su oposición al contenido de la reforma. (Scalia, en un comentario desafortunado que provocó una avalancha de reacciones comparó la obligatoriedad de comprar un seguro de salud con la obligatoriedad de comprar brócoli.)
La Corte deberá expedirse en junio, en plena campaña presidencial, y a nadie escapa que una anulación de la ley a esa altura del proceso electoral puede perjudicar las ambiciones de Obama de lograr la reelección.
Es por eso que el lunes último el Presidente, cuya especialidad es el derecho constitucional, hizo sonar una advertencia, diciendo que revocar una ley aprobada por el Congreso equivaldría al "activismo judicial" al que tanto se oponen los propios comentaristas conservadores.
La Corte Suprema ya demostró su "activismo judicial" en el 2000, cuando falló en contra del recuento de votos en el estado de la Florida, sellando, de hecho, el triunfo de George W. Bush sobre Al Gore, una de las más controvertidas decisiones de la historia de este cuerpo.
El presente debate vuelve a ponerla frente a una difícil disyuntiva: o ratifica la reforma y preserva la autoridad del Congreso y del Presidente, o se arroga un poder de veto que los redactores de la Constitución norteamericana nunca se propusieron otorgarle.

 

Publicada en El Cronista, Buenos Aires, el 9 de abril de 2012

Ultima modificacion el Domingo, 15 de Abril de 2012 10:32
Mario Diament

Mario Diament

Periodista, ensayista y dramaturgo.

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